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Expropiación en San Antonio desata choque político: ¿solución o improvisación?

Expropiación en San Antonio desata choque político: ¿solución o improvisación?
Erika Flores
Erika Flores

El Gobierno anunció la expropiación de parte de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, una medida orientada a frenar un desalojo masivo y ofrecer una solución habitacional a las familias que viven en el asentamiento. El decreto publicado en el Diario Oficial formaliza la intención de adquirir aproximadamente 100 hectáreas de las cerca de 215 que ocupan la megatoma, y el Ejecutivo lo sustenta como una respuesta para evitar una crisis humanitaria.

En el campamento residen más de diez mil personas; el gobierno estima que la expropiación beneficiaría a unas 4.100 familias con arraigo en el sector, incluidas miles de niñas y niños. Las autoridades argumentan que la compra permitirá impulsar un proyecto habitacional integral y mitigar impactos sociales y económicos derivados de un eventual operativo judicial.

Propietarios y empresas vinculadas al terreno cuestionaron la decisión y anunciaron acciones legales, señalando que la expropiación se activó tras frustrarse una negociación de compra y ante demandas sobre la valoración del predio. Desde la oposición calificaron la medida como improvisada y advirtieron que el Ejecutivo intentó “traspasar” el problema a futuras administraciones; desde el oficialismo defendieron la intervención por razones humanitarias.

La expropiación de las tomas en San Antonio llega justo antes de que expire un plazo judicial para iniciar desalojos en zonas fuera del polígono, situación que aumentó la presión política y mediática. El Ministerio de Vivienda informó que las familias deberán costear, en parte, el valor del terreno expropiado dentro del proyecto de urbanización, y que el Estado buscará soluciones técnicas y financieras para garantizar relocalizaciones dignas.

El caso San Antonio combina urgencia social, tensión judicial y disputa por la propiedad de la tierra. Su desarrollo marcará un precedente en la política habitacional y en la manera en que el Estado aborda tomas de gran escala en zonas urbanas.