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Boric ordena el cierre de Punta Peuco y pone fin a su estatus de cárcel especial

Boric ordena el cierre de Punta Peuco y pone fin a su estatus de cárcel especial
Erika Flores
Erika Flores

El Presidente Gabriel Boric confirmó el cierre del penal de Punta Peuco, una de las cárceles más controvertidas del país, al anunciar su transformación en un recinto común del sistema penitenciario. Con esta decisión, el Mandatario busca terminar con el carácter especial que por casi tres décadas mantuvo el penal, donde cumplen condena exmilitares y agentes del Estado responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“Era otro Chile y no existe justificación alguna para ese privilegio”, señaló Boric, al instruir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que dio origen al penal. El objetivo, explicó, es que Punta Peuco funcione bajo los mismos criterios de clasificación y seguridad que cualquier cárcel del país. “La justicia nunca es provocación. En Chile, todos deben ser iguales ante la ley”, agregó el Presidente ante las críticas de sectores de oposición que acusaron una motivación política en la medida.

La decisión implica un proceso gradual que contempla obras de adecuación, nuevas licitaciones y cambios administrativos para adaptar el recinto a su nueva función. El Gobierno espera completar la transformación entre fines de 2025 y comienzos de 2026.

El cierre de Punta Peuco representa un paso simbólico en la política de derechos humanos del Ejecutivo. Diversas organizaciones valoraron la medida como un avance hacia la igualdad ante la justicia, mientras que sectores conservadores lamentaron el anuncio, argumentando que la mayoría de los internos son de avanzada edad.

Más allá del debate político, la decisión marca un hito histórico: por primera vez, el Estado chileno eliminará un penal que otorgaba condiciones especiales a condenados por crímenes de lesa humanidad. Con esta acción, el Gobierno busca reafirmar un principio básico de democracia: que ningún delito, sin importar quién lo cometa, merece un trato privilegiado.

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