Aulas desconectadas: el Senado da luz verde a prohibición de celulares desde 2026
El Senado aprobó un proyecto que prohíbe el uso de celulares en todos los niveles escolares a partir del año académico 2026. Esta medida abarca la educación parvularia, básica y media, e incluye solo excepciones limitadas como motivos médicos, de seguridad o usos pedagógicos puntuales. Con esta votación, la iniciativa avanzó a su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El senador Gustavo Sanhueza, presidente de la Comisión de Educación, explicó que el proyecto unifica siete mociones y establece un marco claro de deberes y derechos para toda la comunidad educativa. Dentro de ese marco, las familias deben controlar el uso del celular fuera del horario escolar, y asumirán responsabilidades si sus hijos hacen un uso inadecuado del dispositivo.
Además, las escuelas deberán reforzar la enseñanza del uso responsable de la tecnología digital, centrándose especialmente en la comunicación y el manejo de información. El objetivo es desarrollar competencias digitales seguras desde una edad temprana.
La ley define cinco situaciones en las que sí se podrá usar el teléfono dentro del colegio: primero, cuando estudiantes con necesidades educativas especiales requieren el celular como ayuda técnica; segundo, en caso de emergencias o desastres; tercero, para monitoreo médico continuo si el estudiante tiene una condición clínica; cuarto, si un profesor justifica su uso en una actividad curricular; y quinto, si los padres lo solicitan por razones de seguridad para el estudiante.
En los colegios de enseñanza media, la normativa permitirá que cada establecimiento fije zonas o tiempos concretos en los que los estudiantes puedan usar sus celulares, siguiendo criterios progresivos de autonomía. Los colegios tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para adaptar sus reglamentos internos a los nuevos estándares legales.
Finalmente, el Ministerio de Educación deberá presentar en marzo de 2030 una evaluación nacional del impacto de esta política. El informe medirá variables como la convivencia escolar, el aprendizaje y el bienestar socioemocional de los estudiantes, para determinar si la prohibición cumple sus objetivos.